Tras el cierre del rastro municipal de San Pedro Cholula, cholultecas solicitaron a las autoridades su intervención a fin de evitar la proliferación de matanza animal en traspatio o clandestina.
Tras el incremento de muertes, presumiblemente por el consumo de alimentos (carne y vegetales) contaminados, es necesaria la intervención de las autoridades a fin de poner un freno a la matanza de animales de manera clandestina.
El Rastro Municipal de San Pedro Cholula fue cerrado en 2020 debido a la falta de un dictamen de impacto ambiental y a la contaminación de las redes de drenaje que afectaban a miles de familias de la cabecera municipal.
Esta situación ha propiciado un aumento en la matanza clandestina de animales en la región. Por ejemplo, en San Andrés Cholula, predios baldíos se han convertido en mataderos clandestinos donde se sacrifican puercos, vacas y chivos sin las condiciones sanitarias adecuadas, representando un riesgo para la salud pública.
La ausencia de un rastro municipal funcional en San Pedro Cholula ha llevado a que los introductores de ganado tengan que trasladarse a rastros oficiales en Puebla capital y San Martín Texmelucan, incrementando sus costos operativos en aproximadamente un 20%. Esta situación también ha fomentado la proliferación de mataderos clandestinos en la región, ya que los introductores buscan alternativas más económicas para el sacrificio de animales.
A nivel estatal, se estima que más del 40% de la carne que se vende en Puebla proviene de rastros clandestinos, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión de estas actividades para garantizar la salud de los consumidores.
En resumen, el cierre del Rastro Municipal de San Pedro Cholula ha generado un incremento en la matanza clandestina de animales en la región, lo que representa un riesgo sanitario significativo. Es fundamental que las autoridades locales y estatales implementen medidas para reabrir o establecer instalaciones adecuadas que cumplan con las normativas sanitarias vigentes, con el fin de garantizar la calidad de los productos cárnicos y proteger la salud de la población.
18 de enero de 2025
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