El Colapso de la Metrópoli y los Cholulas
Basura, baches y corrupción son problemas comunes en Puebla y los Cholulas
Rodolfo Herrera Charolet
El enfoque solidario del presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, al suscribir contratos para recibir toneladas de basura de varios municipios conurbados, enfrenta un desafío ambiental significativo que ha sido heredado tras 28 años de una concesión problemática con la empresa Rellenos Sanitarios S.A. (RESA) en el relleno sanitario de Chiltepeque, actualmente al límite de su capacidad. Este relleno, operado por RESA desde los años 90, se ha convertido en una crisis ambiental y de salud pública debido a una gestión deficiente, que ha resultado en la saturación de sus celdas y la filtración de lixiviados hacia el subsuelo, amenazando los mantos acuíferos de la región.
La falta de controles y supervisión, junto con la carencia de políticas eficaces de reciclaje y reducción de residuos, han intensificado el riesgo ambiental en Chiltepeque. En un esfuerzo por mitigar esta crisis, el anterior presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció en junio de 2023 la instalación de una nueva planta de reciclaje operada por Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA) en el Parque Industrial de La Resurrección. Inaugurada en septiembre de ese año, esta planta comenzó procesando con una capacidad de 250 toneladas anuales de residuos inorgánicos, con planes de aumentar a 500 toneladas en el segundo año y 750 toneladas en el tercero.
La iniciativa buscaba extender la vida útil de Chiltepeque en al menos 15 años, implementando además tecnologías para la generación de biogás y el reciclaje. Sin embargo, la situación se ha vuelto más compleja tras el cierre del tiradero de San Pedro Cholula, que ha desviado miles de toneladas adicionales hacia Chiltepeque, poniendo en duda la efectividad y sostenibilidad de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar este problema ambiental de larga data.
Además de mejoras estructurales, se requiere reducir drásticamente el volumen de residuos que ingresan al relleno, un reto que implica cambiar la cultura de manejo de desechos en Puebla. Este caso son consecuencia de la gestión ambiental negligente y la urgencia de una intervención efectiva y transparente para mitigar el daño que se acumula diariamente.
Baches y el deterioro permanente de las calles
El problema de los baches en la ciudad de Puebla se remonta a décadas atrás y ha persistido a pesar de múltiples esfuerzos y promesas de distintos gobiernos municipales. Ya en la época del alcalde Victoriano Álvarez García, sucesor del presidente municipal Jorge Murad Macluf, el deterioro de las calles era un tema evidente. Las administraciones siguientes recurrieron continuamente a programas “emergentes” de bacheo, utilizando recursos públicos para intentar resolver el problema, aunque en muchos casos estas iniciativas resultaron insuficientes o, peor aún, terminaron siendo aprovechadas para actos de corrupción.
Una práctica común era justificar el gasto en obra pública utilizando material fotográfico de trabajos anteriores, con lo que se simulaba una reparación de calles que en realidad no se llevaba a cabo, contribuyendo al deterioro progresivo de la infraestructura vial. Esta forma de gestión y manipulación de los recursos destinados al bacheo no solo alimentó la desconfianza ciudadana, sino que se convirtió en un modelo de corrupción replicado por otras administraciones municipales, que aprovecharon la opacidad en el manejo de estos recursos.
En otros casos, el "bacheo" se limitaba a esparcir una capa de riego de impregnación, conocido popularmente como chapopote, sobre las calles, seguido de gravilla. Esta técnica, aunque aparentemente rápida y económica, ha demostrado ser ineficaz a largo plazo, pues las calles reparadas con esta mezcla suelen regresar a su estado deteriorado en poco tiempo, especialmente con las lluvias. Un ejemplo reciente de esta práctica ocurrió en San Pedro Cholula, donde se realizaron trabajos de este tipo en la calle 16 Oriente, entre la 8 y 10 Norte, y en otras arterias; sin embargo, los baches reaparecieron rápidamente, lo que generó malestar entre los habitantes y dudas sobre la calidad de las reparaciones.
Hoy en día, el problema de los baches en Puebla sigue siendo un símbolo del rezago en infraestructura y una demanda constante de los ciudadanos, quienes exigen soluciones efectivas y duraderas. Las condiciones de la red vial no solo afectan la movilidad, sino también la seguridad y el bienestar de los habitantes, sin contar los costos adicionales para los conductores que ven afectados sus vehículos por el mal estado de las calles. Aunque se han implementado campañas de bacheo en distintas administraciones, el problema requiere de un enfoque integral, que incluya mejores materiales, supervisión rigurosa y políticas de transparencia para evitar la corrupción y asegurar que el dinero destinado realmente se traduzca en mejoras en la infraestructura urbana.
Para enfrentar este reto, es esencial que el gobierno municipal adopte nuevas tecnologías en la construcción y reparación de pavimentos y garantice una adecuada planeación urbana. Solo así se podrán evitar los parches temporales que, en lugar de solucionar el problema, solo lo postergan, dejando a las siguientes administraciones y a la ciudadanía con las mismas quejas y necesidades de siempre.
San Andrés Cholula rumbo a la joya de la corona.
San Andrés Cholula ha experimentado una transformación notable, pasando de ser un modesto pueblo con establos y calles polvorientas a una ciudad dinámica, marcada por un fuerte desarrollo inmobiliario y millonarias inversiones en infraestructura que le han generado un superávit fiscal en ingresos propios. Este crecimiento ha sido impulsado en gran medida por una alta recaudación de impuestos derivados del predial, permisos de construcción, licencias y servicios, además de otros ingresos fiscales. Gracias a estos recursos, San Andrés Cholula se perfila como un municipio clave en la región, similar al desarrollo urbano que han experimentado Garza García en Nuevo León o San Pedro Tlaquepaque en Jalisco.
El municipio ha atraído amplias inversiones inmobiliarias que han sido capitalizadas por empresarios a través del desarrollo de complejos residenciales y arquitectónicos de alto valor. Este desarrollo ha elevado el precio de la tierra y, con ello, los ingresos fiscales en forma de impuestos, derechos y licencias. La ventaja adicional de San Andrés Cholula es su baja densidad poblacional, lo que permite que la recaudación per cápita sea elevada y que estos recursos puedan ser manejados por las autoridades municipales sin una presión significativa por parte de la ciudadanía, y en un entorno donde los organismos fiscalizadores muestran ineficacia en la supervisión.
El auge del sector inmobiliario y el incremento en centros comerciales han sido los principales motores de esta bonanza económica. Sin embargo, la inversión pública en infraestructura básica sigue siendo limitada, pues los nuevos desarrollos suelen estar “llave en mano,” es decir, incluyen servicios básicos desde su construcción. Esto deja a la administración municipal con un reto de gran relevancia: la seguridad pública, que sigue siendo un área poco atendida a pesar del crecimiento urbano y la creciente demanda de los residentes, la cual se puede medir con los datos que publica la Fiscalía General del Estado en la incidencia delictiva en dicha demarcación territorial.
A medida que San Andrés Cholula sigue expandiéndose y se consolida como un polo de desarrollo en la región, es crucial que la administración en turno impulse políticas de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, asegurando que el crecimiento económico se traduzca en una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. La planificación urbana sostenible, el fortalecimiento de la seguridad pública y la mejora en los servicios básicos deben ser prioridad para evitar que el rápido crecimiento termine por superar la capacidad de respuesta del gobierno municipal.
Conclusión:
Después de esbozar los problemas, es posible afirmar que el principal desafío a enfrentar es la corrupción que persiste al interior de las administraciones municipales. Esta ha logrado encontrar los caminos y las tácticas necesarias para enriquecerse a costa del erario público, aprovechando las oportunidades que el ejercicio del poder les brinda. En este contexto, el poder legislativo debe intensificar sus mecanismos de fiscalización y, en su caso, crear nuevos marcos normativos que limiten la discrecionalidad en el manejo del gasto público, evitando que este sea utilizado con fines personales o para beneficio de unos pocos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser principios fundamentales en la gestión pública, y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos será clave para erradicar prácticas corruptas que afectan el bienestar colectivo.
¿O no lo cree usted?
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