Tavera en la cárcel sus negocios en Tecamachalco

No obstante que la Operación Angelópolis, en la que 32 empresas fantasmas manejadas por Florentino Daniel Tavera Ramos habrían lavado 427 millones de pesos involucró en una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal, al ex director de Multisistemas Cambio, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega y a ex titula de la Auditoría superior del Estado Francisco José Romero Serrano, ambos vinculados a proceso y privados de su libertad, un nuevo escándalo podría nuevamente alcanzar (en mencionar al menos) al coordinador de diputados de Morena en San Lazáro, Moises Ignacio Mier Velazco.

Sin embargo, hay que decirlo claro, el error no parte del legislador federal, sino de su hijo el presidente municipal de Tecamachalco, Carlos Ignacio Mier Bañuelos quien contrató empresas vinculadas a los fraudes cometidos en contra del gobierno del Estado, una de ellas también vinculada al rey de los pisos firmes de sexenio marinista.

Otras empresas contratadas por Carlos Ignacio Mier Bañuelos siguen el mismo derrotero que utilizó Florentino Daniel Tavera Ramos, quien finalmente logró enviar recursos millonarios a nueve países, utilizando durante 22 meses a personas físicas que figuran como responsables de, al menos, 32 empresas factureras o intermediarias.

Lo anterior implica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, Tavera habría ingresado como apoderado legal o gerente con poderes para actos de administración, pleitos y cobranzas;cada mes en al menos dos empresas, utilizadas con la finalidad de triangular recursos con destino a países como Suiza, Estados Unidos o Hong Kong.   

En las complicidades de Tavera y las autoridades de gobiernos participantes participaron, por lo menos, nueve fedatarios públicos, de los cuales, al menos cuatro tienen señalamientos previos por presuntamente haber constituido diversas empresas, en donde evidentemente los representantes legales fungieron como testaferros, fueron falsificadas las firmas o simplemente no se establecieron los protocolos necesarios para evitar la simulación que avalaron con fe pública. Razón por la cual el gobierno que encabezó José Miguel Gerónino Barbosa Huerta ordenó las indagatorias que concluyeron en el retiro de las patentes notariales.

Lo que resulta relevante y que posiblemente omitieron los asesores de Tavera y de otros "empresarios" fue el desconocimiento de las modernas herramientas de información pública, con las cuales dispone tanto la autoridad como los particulares. Algunas de ellas es la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema de Información Registral y Catastral, en donde figuran las 32 empresas de Tavera, que forman parte de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el presunto blanqueo de capitales hasta por 427 millones de pesos.  

La estrategia que utilizó Tavera, es tan sencilla como evidente y que obedece a un asesoramiento medianamente mediocre, aunque exitoso en un principio.

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