Existen protocolos para atender bullying

 Las instituciones educativas de Puebla ya cuentan con protocolos para atender casos de bullying o acoso escolar, además de sanciones a directivos y maestros en caso de no seguirlos, por lo que la propuesta en el Congreso local de penalizarlos hasta con dos años de prisión por omisión de estos casos es estridente, refirió el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano.

“Las sanciones se deben aplicar de acuerdo con los protocolos y las leyes establecidas; lo que no creo que es prudente es mucha estridencia, querer criminalizar una acción así. Lo que creo es que únicamente genera estridencia. Tiene que haber sanciones, sí, cuando los casos lo ameriten y esto está en los protocolos”, sentenció Lozano Pérez.

El secretario de Educación afirmó que todas las instituciones educativas cuentan con protocolos emitidos por la dependencia para enfrentar los casos de bullying en las instalaciones. Con esto, lo que se busca es que para cualquier caso se desahoguen las denuncias con lo que establece el procedimiento.

En este tenor, Melitón Lozano dijo que lo que manifiesta el Congreso local es una solución a partir de la coacción o, en otras palabras, solamente limitar las acciones al ámbito jurídico y legal para enfrentar el fenómeno escolar; por lo que esto no sólo debe ser así, sino que antes que nada se debe prevenir a partir de una educación y una cultura sana.

“Ya existen los protocolos de intervención al interior de las escuelas; lo que se debe hacer es aplicarlos y es lo que estamos haciendo. Yo creo que no sólo se trata de esa línea jurídica, sino que tenemos que girar a la línea de prevención, a la línea de educación, a la línea de una convivencia más sana como sociedad”, apuntó el secretario.

Por ello consideró que criminalizar es una forma poco convencional y convincente de atacar el problema, pues en primer lugar ya se cuenta con un procedimiento a seguir ante el acoso escolar, por lo que establecer acciones punitivas puede generar incluso más acciones violentas.

Sin embargo, también respetó la decisión de los padres de familia que quisieran abrir una carpeta de investigación en lo legal o denunciar jurídicamente a los agresores de sus hijos, pues si así lo quieren están en su derecho de hacerlo; pero insistió que el atacar el fenómeno de acoso escolar no se debe limitar a la coacción, sino al contrario, fomentar una cultura de sana convivencia entre los individuos de una comunidad escolar como en sociedad.