El abogado Carlos Arreguín Reyes, quien ayudó a Leoncio Paisano Arias, exalcalde de San Andrés Cholula, a salir de la cárcel, expuso que rompió su relación laboral con el político desde finales del mes de abril del 2022, por el desacato de su cliente.
Terminó la relación laboral, debido a dos inconsistencias importantes:
1. La primera es que Paisano Arias no atendía sus consejos después de ayudarlo a tener su libertad mediante estrategias jurídicas.
2. La segunda es que incumplió la medida cautelar que se le impuso, de presentarse a firmar ante el Juzgado de Oralidad de Cholula cada semana, sin poder salir del estado de Puebla.
El político poblano cuenta con tres Carpetas de Investigación, la 123 /2021, la 515 / 2021 y la 144 / 2022, que ya se judicializaron y derivaron en órdenes de aprehensión emitidas por el mismo juzgado al que tenía que acudir a cumplir su medida cautelar.
La primera orden de aprehensión se emitió por una demanda de la ex presidenta municipal de San Andrés Cholula Karina Pérez Popoca, por la concesión irregular del servicio de limpia por la que Paisano pagó un aproximado de 42 millones de pesos.
La segunda orden de aprehensión se giró por pagar —sin autorización del Cabildo— facturas por 612 mil pesos para la presentación del comediante Adrián Uribe en un festival el 10 de mayo de 2016.
La tercera orden de aprehensión se relaciona con una demanda por la compra de inmuebles y la realización de obras a sobrecosto en las instalaciones del DIF Municipal.
El político también cuenta con diferentes procedimientos administrativos de responsabilidad, tanto en la Contraloría Municipal de San Andrés Cholula, asentados en los expedientes 05/2021 Tomo D y 07/ 2021 Tomo A, como procedimientos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
El abogado Arreguín Reyes llevó su defensa y asesoría legal a través de la que elaboró las demandas de amparo que presentó a su favor, durante el desahogo de las audiencias de imputación y vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad y uso de facturas apócrifas.
Sin embargo, se deslindó de Paisano Arias tras la desobediencia a los consejos que emitió para evitar que de nueva cuenta cayera en prisión: “yo ya no llevo su defensa por no hacer caso a mis estrategias jurídicas”, determinó.
En abril del 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla buscaba reaprehender a Leoncio Paisano Arias, pero con el amparo que emitió el abogado, logró que el proceso en su contra por abuso de autoridad continuará en libertad, bajo la condición de no salir de Puebla y firmar semanalmente.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito resolvió a su favor el amparo 18/2022, con el cual impugnó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Karla Patricia Ambrosio Vargas, que el 25 de septiembre de 2021 lo vinculó a proceso por abuso de autoridad.
Paisano Arias acusó que la jueza violó su principio de libertad y presunción de inocencia, porque nunca fundó la aseveración de que podía impedir y obstaculizar la investigación en su contra o sustraerse de la justicia.
La justicia federal consideró que la jueza actuó con ilegalidad y le ordenó citar a las partes involucradas a una audiencia en la que señaló que no era válida la imposición de medidas cautelares que solicitaron contra el político.
Durante el mismo mes el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, expuso que la libertad de Leoncio Paisano se debía a un descuido por parte de las autoridades ministeriales que “pasaron de largo” una demanda de amparo que tramitó la defensa del acusado.
A pesar de obtener esta medida cautelar que le permitirá continuar el proceso en libertad, decidió ignorarla y por lo tanto ahora podría volver a la cárcel por incumplimiento ante el juzgado.
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