Auditor en la mira

 Fauna Política

Auditor en la mira

Por Rodolfo Herrera Charolet

Antes de comentar las acciones que hace el gobierno de Puebla en su contra, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, interpuso un amparo por  posibles actos de tortura psicológica, el cual es favorable en virtud de haber logrado una suspensión y se ordenó una investigación que debe realizarse de manera independiente, imparcial y meticulosa.

Cualquiera que sea el motivo por el cual, ahora Romero Serrano es considerado persona “Non Grata” para el gobierno del Estado, todo indica una estrepitosa caída con algunas estrategias legislativas y modificaciones jurídicas para destituirlo.

En esta dinámica en proceso Romero Serrano, en su recurso 20/2022, que interpuesto ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, denunció tortura psicológica sistemática y su “inminente detención arbitraria” por parte del gobierno de Puebla, que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, la Consejería Jurídica del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Romero Serrano señaló que las declaraciones del gobernador emitidas los días 22 y 23 de diciembre de 2021, donde le advirtió que “no habría impunidad” en su caso, le causaron agravio a sus derechos humanos y a su integridad psicológica.

El día 21 de diciembre de 2021 la Jueza de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula, giró una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar dentro de la causa penal 631/2021/CHOLULA, dijo que la filtración de la misma lo está afectando de manera personal y directa. Aun cuando en un principio fue negada la suspensión en su juicio de amparo, pero tras presentar un recurso de queja con número 12/2022, el 19 de enero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró fundado su recurso y dio vista al Ministerio Público Federal, para que “proceda a la investigación correspondiente de manera independiente, imparcial y meticulosa respecto a las manifestaciones de tortura psicológica”. Tras la resolución del magistrado federal, el auditor obtuvo la suspensión de oficio que impide la ejecución de cualquier mandato de tortura en su contra o, en su caso, cesar de inmediato cualquier acto de este tipo que se esté realizando, por parte de los demandados.