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Marilú fue violada por su papá y abuelo a los 4 años

Marilú de cuatro años fue violada por su padre y su abuelo durante una semana y media, su emoción de conocerlos fue tan grande que su madre, Matilde Santos Hernández, accedió a que se fuera un tiempo con ellos, pero al darse cuenta de lo que sucedió, presentó una denuncia que ha sido detenida por el juez Aarón Hernández Chino, quien desestima la versión de la niña y los exámenes ginecológicos.


En la casa de Iván Santos Díaz y Jaime Santos Pérez la niña vivió situaciones de terror de las que no se atrevió a hablar, de hecho, perdió el habla durante dos años completos. Su madre notó de inmediato que algo sucedió en la casa de los sujetos y decidió llevarla con un especialista.

La historia la narra la abuela de la niña, Patricia Hernández, quien decidió demandar a los responsables, pero durante dos años se ha enfrentado a la burocracia judicial que le pidió que la niña tenía que declarar y era imposible, según se asienta en la causa penal 1078/2021.

El fatídico hecho ocurrió en 2019, la abogada y abuela detalló que la pequeña, de ahora seis añitos, fue violada entre su padre y su abuelo, provocándole un trauma psicológico, pues cuando Marilú volvió estaba totalmente diferente, ya no quería hablar, no comía y bajó hasta ocho kilos de peso.

“Mi nieta quiso conocer a su padre porque no lo veía, primero se frecuentaron, empezaron las salidas y luego se la llevó semana y media, cuando regresó con mi hija cambió, no quería hablar, se la pasaba durmiendo, no nos contó nada, sospechamos muchas cosas hasta que la llevamos con una ginecóloga, ahí nos dijeron que la niña fue violada”.

Al tener una explicación médica, la madre de Marilú decidió alzar la voz e interponer una denuncia en contra de Iván Santos Díaz y su ex suegro, Jaime Santos Pérez por el delito de violación, sin embargo, la denuncia no procedió inmediatamente.

Logró hablar para poder declarar y denunciar a su papá

El trauma que tuvo Marilú fue tan grande que no habló desde 2019 hasta febrero de 2021, cuando después de años de terapias y tratamientos psicológicos, logró contar lo que le hicieron su padre y su abuelo.

Finalmente, después de dos años y con su declaración, se liberó una orden de aprehensión en contra de ambos sujetos.

La abogada y abuela Patricia Hernández señaló que estos hombres fueron detenidos y el pasado 17 de junio, se realizó la primera y única audiencia en donde participó como juez de control Aarón Hernández Chino, quien de manera increíble ordenó la liberación inmediata de Iván Santos y su padre, bajo el argumento de que su arresto fue ilegal.

“En audiencia, Aarón Hernández dijo que no le satisfacían los dictámenes periciales ni los señalamientos que hizo mi nieta, el Ministerio Público trató de objetar las pruebas pero al juez no le importó, él en todo momento estuvo inclinado por la defensa de estos sujetos”, dijo Patricia.

La abuela detalló que en plena audiencia Aarón Hernández Chino mostró poco interés en el caso, bostezó 20 veces y tuvo una actitud en todo momento de fastidio, como si ya su resolución estuviera premeditada en que los dejaría libres, a pesar de que se cometió el delito de violación en contra de una niña.

Ante ello, Patricia Hernández señaló que apelará esta decisión y presentará una queja con el magistrado en contra de Aarón Hernández Chino por su actitud, sin embargo, mencionó que este lunes su hija Matilde recibió una carta anónima en donde fue amenazada para que ya dejara de pelear por hacerle justicia a la pequeña.

“Ahora nos quieren investigar y se quieren quedar con la custodia de la niña, ¿para qué?, ¿para seguirla violando?, por favor ayúdennos a que esto no quede impune, mi nieta quedó muy lastimada, es una niña que apenas cumplió seis años y cuando le pasó todo esto tenía cuatro, imagínese el trauma a su edad, sólo queremos justicia”, finalizó la abogada y abuelita de Marilú que apenas y puede hablar.

La familia de Marilú dirigió un escrito al gobernador, Miguel Barbosa, para que atraiga el caso, pues la justicia en este caso no ha llegado y lo peor es que el juez considera que ella debe vivir con sus supuestos violadores.

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