Roberto Coppe Obregón, uno de los pilotos de la aeronave en la que viajaban la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, al momento del accidente, sufrió una intoxicación durante la caída del helicóptero, pues el dictamen de su autopsia reveló que tenían cerca de un 30 por ciento de monóxido de carbono en su sangre.
De acuerdo con Proceso, el abogado defensor del mecánico Ricardo Montiel, Gilberto Vladimir Montalvo señaló que este fue uno de los temas que no se abordaron en el peritaje realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre las causas del desplome de la aeronave el 24 de diciembre de 2018 en Santa María Coronango.
Lo anterior, pues refirió que el análisis forense del piloto mexicano arrojó que sufrió previo al ‘helicopterazo’, una intoxicación, la cual dijo, pudo ser provocada por la inhalación de los gases emitidos por la aeronave o algún motor similar, situación que también se encontró en el copiloto Marco Antonio Tavera Romero y cuyos dictámenes no fueron incluidos en el expediente oficial, así como las autopsias de todos los que fallecieron en el accidente
“Una persona con 30 por ciento de monóxido de carbono en la sangre se puede desmayar, puede tener alucinaciones, puede pasar un montón de cosas y eso tampoco lo pusieron en el informe de la SCT”, dijo el jurídico.
El jurídico reconoció que es complicado que el dictamen pueda ser ampliado, ya que los cinco cuerpos de los fallecidos aquel día fueron cremados a menos de 24 horas del accidente, sin embargo, esta situación ayudaría al mecánico Ricardo Montiel y los demás detenidos, pues las causas habría sido una situación con los pilotos y no por el mantenimiento de la nave.
Recordó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ha señalado a 12 responsables del accidente, de los cuales nueve ya han sido vinculados a proceso, especialmente encargados del mantenimiento y de la empresa que rentaba la aeronave, aunque el tema de la autopsia podría combinarse a la falla de los actuadores del helicóptero, la cual de acuerdo con expertos en aeronáutica es una causa improbable.
El abogado del dueño y los trabajadores del Rotor Flight Service, comentó que los jueces no debieron aceptar el dictamen de la SCT, pues no tenían fecha ni estaban signados por peritos internaciones, es por ello que Óscar Sánchez Terrones miembro del equipo defensor, señaló que la Fiscalía únicamente se ‘fusiló’ dicho informe sin diligencias que evidenciaran la falla de los actuadores.
Inclusive, señalaron que la FGE no tiene los peritos calificados en aeronáutica para demostrar el supuesto corto circuito de ambos actuadores y lo que la SCT dictaminó, aunado a que se debía comprobar si el piloto iba a exceso de velocidad o tenía una falta de pericia, condiciones que pudieron influir en el trágico desenlace del accidente.
Vladimir Montalvo agregó que tampoco se tomó en cuenta ni se investigaron a fondo fue los testimonios de los testigos del ‘helicopterazo’, que de acuerdo con el mismo informe de la SCT señalan que “escucharon como si se apagara el motor”, antes de que se desplomara en los cultivos, situación que coincide con el dictamen de la compañía de seguros Global Aerospace.
Dicho informe refiere que existe una causa diferente, en la que la que la aeronave perdió toda la potencia del motor, misma que el piloto no puedo recuperar o en su defecto, no hubo una maniobra correcta, situación que si bien Coppe Obregón debía saber, cambia al conocer que pudo afectarlo la intoxicación que presentaba.
Otra de las causas que no fueron tomadas en cuenta fue la supuesta falta de una pieza del helicóptero que nunca fue localizada por los peritos
Recordar que hasta la fecha Antonio N, dueño de Rotor Flight y sus empleados, Ricardo, Miguel, Israel, Magdalena e Iris Cristina, se encuentran recluidos en los penales de San Miguel y Huejotzingo, mientras que César Rodrigo N, salió al pagar una fianza de 10 mil pesos con al condicionante de firmar cada ocho días.
En el caso de Rafael Torre N, hijo del dueño del helicóptero pagó 30 mil pesos y del mismo modo debe acudir a firmar cada mes, mientras que para José Alonso, Director de Operaciones de Servicios Aéreos del Altiplano aún no ha sido vinculado a proceso, pero fue detenido en meses previos.
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