El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a ajustar el contenido de sus opiniones y respetar su deber de imparcialidad; y ordenó a su vocero retirar las transmisiones y publicaciones sobre el informe de los “Primeros 100 días del tercer año de gobierno” y difundir un extracto de la sentencia que determina que cometieron un ilícito con su realización.
La Sala Especializada acató la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la que se les ordenó deslindar responsabilidades, imponer sanciones y medidas de no repetición para AMLO, su vocero Jesús Ramírez y el director de Cepropie; tras calificar como ilícito el informe de actividades del Presidente el 30 de marzo por realizarse en medio de campañas electorales en Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.
El proyecto del magistrado Luis Espíndola Morales respaldó que hubo una violación por ser un evento basado en el nombre e imagen de López Obrador y porque el propósito del discurso era buscar la aprobación de su trabajo gubernamental y las acciones de su administración, además de que contó con personal encargado de logística y desarrollo, y la utilización de recursos públicos.
Debido a que el Presidente se encuentra sujeto a un régimen especial contemplado en la Constitución que limita que se le apliquen sanciones administrativas, se acordó “exhortar al Presidente de la República para que durante los periodos electorales ajuste el contenido de la información que difunda a las excepciones constitucionales” al advertirse que tiene un deber especial de cuidado en el ejercicio de sus funciones para garantizar imparcialidad.
Al vocero Jesús Ramírez se le ordenó retirar el evento de todas las redes oficiales del gobierno y de AMLO hasta que concluyan los procesos electorales; el vocero como el director del Centro de Producción de Programas Informáticos y Especiales (Cepropie), Erwin Sigrid Frederick Neumaier de Hoyos deben evitar que se vuelva a difundir propaganda ilícita de esta índole.
El proyecto determinó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) para que inicie un procedimiento de investigación y determine las infracciones electorales de las concesionarias por la difusión del evento.
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