La Fiscalía General del Estado detuvo al magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, Alfonso Siriako Guillén Almaguer, esto derivado de una denuncia por abuso de autoridad, fraude y asociación delictuosa de su tiempo en la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte en el morenovallismo.
El pasado viernes, elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto llevaron al magistrado a las instalaciones de la dependencia para que rindiera su declaración preliminar, pues se le acusa de pagos irregulares a contratistas para la construcción del Centro Expositor.
Ante esto, aún no se ha dado a conocer mayor información respecto a cómo va su proceso y si tendrá su audiencia, después de la denuncia en su contra por diferentes irregularidades ante la dependencia, en la que de acuerdo a unos documentos también estaría involucrados Martha Vélez Xaxalpa y Xavier Albizuri Morett.
De acuerdo a un documento, se detalla que los delitos por los que se le acusa fueron presuntamente realizados durante periodo como director General Jurídico de la extinta Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, que a su vez estaba a cargo de Xavier Albizuri.
Se le acusa por posible comisión de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, fraude, asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo, peculado o tráfico de influencias, situación por la que fue detenido el pasado viernes.
Cabe recordar que en diciembre de 2017, el Congreso del Estado en ese entonces avaló la terna para la integración de un nuevo magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, en la cual estaban Alfonso Guillén, David Paz Moreno y María de Lourdes Dib Álvarez, quedándose en el cargo el primero.
De acuerdo con la denuncia antes mencionada, también estarían involucrados integrantes de la Cámara Mexicana en la Industria de la Construcción (CMIC), como el ex presidente de esta José Antonio Hernández González, así como los empresarios José Alberto González Matamoros, Oscar García Chargoy, José Luis Hernández Cano y otros.
Estos constructores, a quienes supuestamente les pagó un laudo de 107.2 millones de pesos para concluir las labores de construcción del Centro de Convenciones en 2017, durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, son dueños de “Central de Construcciones y Asociados”, “Lofts Arquitectos Constructores” y “Electroconstrucciones de Puebla”
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