El aún diputado José Juan Espinosa Torres, por el Partido del Trabajo, promovió un juicio de amparo para impedir una posible orden de aprehensión en su contra y afirma que le hizo caso al gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien en su rueda de prensa mañanera le “recomendó” conocer si es objeto de alguna acusación antes de buscar la candidatura a la alcaldía de San Pedro Cholula.
El ex presidente de San Pedro Cholula, quien busca una nominación a diputado federal o nuevamente a la presidencia municipal, interpuso su recurso el miércoles ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del estado. Su demanda se admitió en el expediente 118/2021, pero ya fue desechada parcialmente.
El legislador del distrito 20 de Puebla capital busca el amparo y justicia de la nación, en contra de la emisión de búsqueda, localización o aprehensión en su contra, y la ejecución de dicha orden. El juez programó la audiencia constitucional para el próximo 17 de marzo a las 10 de la mañana, así como la audiencia incidental para el 24 de febrero, donde se determinaría si se le concede o niega una suspensión provisional.
En noviembre del 2020 el diputado fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por un presunto desvío de 85.3 millones de pesos y simular operaciones por 15.3 millones, cuando fue alcalde de San Pedro Cholula (de 2014-2018). A raíz de eso se separó del cargo por un mes y regresó al Congreso local en enero, bajo la afirmación de que ya había probado su inocencia de las acusaciones en su contra.
En entrevista José Juan Espinosa afirmó que no sabe si existe una orden de aprehensión en su contra, ya que el juicio (llamado entre abogados buscapies) precisamente es para que el poder Judicial le informe de su situación jurídica. Denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) le ha impedido conocer la carpeta de investigación que se inició tras la denuncia de la ASE.
Culpó al actual ayuntamiento de San Pedro Cholula y al alcalde Luis Alberto Arriaga Lila de "filtrar" a los medios su juicio de amparo, pues se dijo víctima de una "confabulación" dirigida por Barbosa Huerta y el auditor del estado, Francisco Romero Serrano, con el fin de frenar sus aspiraciones políticas.
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