El Congreso de Puebla aprobó la Ley de Mejora Regulatoria del gobernador Miguel Barbosa Huerta, con la cual podría controlar los trámites y servicios de los municipios, así como sus costos.
La norma avalada este martes remplazará la que se creó apenas en mayo de 2019, durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
La nueva legislación se concretó con 34 votos a favor y siete abstenciones del PAN, PRD y MC en una sesión ordinaria virtual.
Mediante un convenio de colaboración el gobierno estatal podría condicionar, limitar o imponer la creación, eliminación o modificación de los trámites y servicios que prestan los municipios.
Esto a través de la Comisión de Mejora Regulatoria (órgano desconcentrado de la Secretaría de Planeación y Finanzas) que será encabezada por quien elija el gobernador.
El control de trámites y servicios aplicará obligatoriamente para las secretarías de estado y órganos públicos descentralizados sin necesidad de un convenio de colaboración.
Control de trámites
El artículo 61 de la nueva ley señala que los sujetos obligados (municipios y secretarías) deberán presentar una Agenda Regulatoria a la comisión dos veces al año (en mayo y noviembre).
Estos documentos deberán incluir el listado, justificación, objetivos y tarifas de los trámites y servicios que pretendan crear, modificar o eliminar.
La Comisión de Mejora las revisará y las someterá a consulta pública, pero los resultados no serán vinculantes.
Luego emitirá “propuestas de modificación”, mismas que podrán acatarse o no por los sujetos obligados.
Los que se opongan a acatar las observaciones podrán fundamentar su negativa y hacer propuestas, que a su vez podrán ser rebatidos por la comisión.
Al final la Comisión de Mejora Regulatoria emitirá un dictamen, que se podrá imponer de todos modos y los sujetos obligados tendrán que acatarlo aunque insistan en rechazarlo.
“Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o eliminación de trámites o servicios, éstas tendrán el carácter de vinculantes (obligatorias) para el sujeto obligado, a fin de que realice los ajustes pertinentes a la propuesta regulatoria. En caso de discrepancia entre el sujeto obligado y la autoridad de mejora regulatoria, ésta última resolverá en definitiva”, sentencia el artículo 75.
Dice corregir errores de ley anterior
Barbosa Huerta argumentó que buscaba remplazar la ley anterior para corregir sus deficiencias, pues advirtió que era intrusiva de la autonomía constitucional y la criticó por ser ineficaz para el estado.
“Prácticamente reproduce el contenido de la Ley General, con más de 80 artículos y una multiplicidad de órganos, que no se hace cargo de las particularidades económicas y sociales del estado, de las capacidades técnicas, financieras y humanas existentes, sobre todo a nivel municipal, ni tampoco de la necesidad de alinear los incentivos e intereses de los municipios de una manera que no resulte intrusiva de la autonomía constitucional de este orden de gobierno”, expuso en los considerandos de su iniciativa.
Con la nueva ley también se creará un Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y un consejo, en los que habrá representantes del gobierno estatal, el sector privado y legisladores, para evaluar la utilidad y viabilidad de los trámites y servicios.
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