El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) demandó al Congreso de Puebla rechazar la iniciativa para castigar con cárcel la difusión de “noticias falsas” y derogar la ley vigente sobre los medios de comunicación.
En un oficio enviado al Poder Legislativo, Jesús Peña Palacios, representante de ONU-DH en México, exigió a los diputados no reformar el Código Penal del estado como propusieron los diputados Gabriel Biestro Medinilla (de Morena) y Nora Merino Escamilla (del PES). Respaldado en redes sociales por la diputada federal del PES-MORENA-PT Nay Salvatori.
El documento con folio OACNUDH/REP093/2020 señala que la iniciativa para imponer hasta 12 años de prisión no es congruente “conforme al marco internacional relevante en materia de regulación del derecho a la libertad de expresión”.
Enfatiza que dicha regulación establece que cualquier restricción a la libertad de expresión debe “a) perseguir un fin lícito y legítimo dentro de un grupo acotado de posibles limitaciones; y b) constituir una medida necesaria, idónea, proporcional y estrictamente definida para el fin que se busca”, pero la iniciativa de los diputados no contiene nada de esto.
Incluso advierte que las modificaciones propuestas “podrían resultar contraproducentes a los fines de favorecer un adecuado flujo de información que permita salvar vidas y proteger el derecho a la salud en el contexto de la pandemia COVID-19”.
Carta de la ONU al Congreso... by reportero econsulta on Scribd
Por lo anterior la organización internacional puntualizó que es necesario que dicha reforma no proceda y de paso se deroguen las disposiciones vigentes contra los medios de comunicación.
“La ONU-DH alienta al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a no aprobar la iniciativa bajo estudio respecto a la modificación de los artículos 165 y 213. Adicionalmente, la ONU-DH llama al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a iniciar un proceso de discusión de cara a derogar el actual texto del artículo 165 del Código Penal”, enfatiza.
El artículo 165 actualmente dicta:
“Se aplicarán prisión de dos a doce años y multa hasta de doscientos días de salario, a quien haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.
La iniciativa de los diputados busca agregar un párrafo que diga:
“La misma sanción se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado”.
Penalizar contagios criminaliza
Por otro lado, la ONU-DH también se pronunció en contra de la propuesta de Biestro Medinilla y Merino Escamilla que pretende elevar las penas de cárcel a quien contagie una enfermedad.
Peña Palacios puntualizó en su oficio que la criminalización no es una forma de prevenir contagios de Covid-19 (como buscan los legisladores), sino que, por el contrario, pone en peligro a la población.
“La propuesta legislativa no sería proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo sanitario, toda vez que la criminalización y elevación de penas con respecto a estas conductas no serían aptas para reducir los contagios, sino al contrario, podrían exponer a las personas a un mayor riesgo de contagio por las condiciones de detención en prisiones”.
Y sentencia que la medida planteada tampoco sería congruente “con el principio de necesidad de las medidas de emergencia, ya que el aumento de penas y ampliación de la definición del delito no tienen sustento como medidas eficaces para prevenir la pandemia e implican un riesgo al aumentar la cantidad de personas que serían privadas de libertad en algún lugar de detención”.
La misma iniciativa de Morena y PES para castigar las “noticias falsas” propone modificar el artículo del Código Penal para que diga:
“Al que sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave que sea transmisible por vía sexual o por cualquier otro medio directo o indirecto, pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona, se le impondrá prisión de cinco a diez años y multa de cien a trescientos días multa”.
En un segundo párrafo incluso se advierte que las penas aumentarían hasta en una mitad si el delito se comete ignorando el mandato de las autoridades.
“Se aumentará la pena hasta en una mitad, cuando el delito se consumase por omisión de recomendaciones de autoridades sanitarias nacionales u organismos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
Esto significa que en medio de la pandemia los diputados pretendían que se impusieran hasta 15 años de cárcel a quien contagiara alguna enfermedad.
Tras la ola de críticas lanzadas por organizaciones civiles, Biestro Medinilla y Merino Escamilla recularon la semana pasada y se dijeron dispuestos a corregir su iniciativa.
ONU-DH ofrece asesoría
Tras señalar los errores de la iniciativa, Peña Palacios ofreció a los diputados el apoyo de la organización internacional para asesorarlos con las reformas.
“La ONU-DH aprovecha la oportunidad para expresar su plena disponibilidad para brindar la asesoría y cooperación técnica que precise el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y sus comisiones, dentro del marco de respeto a los procedimientos parlamentarios y en los términos que más convengan a este Poder Legislativo”.
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