Por uso del recurso del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) para las construcciones del Tren Turístico, los Arcos de Seguridad y ciclovías en las gestiones morenovallistas aun cuando no eran obras educativas como lo marca la normativa, el gobierno de Puebla extinguirá en 2020 dicho Organismo Público Descentralizado (OPD).
Miguel Barbosa dio a conocer que el Capcee, dependencia de la Secretaría de Infraestructura, desaparecerá próximamente por haber incurrido en uso incorrecto de recursos para construcción de espacios educativos.
En este sentido, el mandatario detalló que algunas irregularidades de este organismo fueron la construcción del Tren Turístico, mismo que nada tiene que ver con ámbitos educativos, ello como parte del rediseño de la Secretaría de Infraestructura.
"Para temas de educación va a desaparecer el Capcee por una bola de irregularidades que hubo, hasta para ser ocupado para construir obras de infraestructura que nada tienen que ver con la cuestión educativa como el Tren Turístico, entre otros casos que desde ahí se construyeron y que nada tienen que ver con educación, casos de corrupción", dijo.
Por ello, resaltó que esta acción permitirá el combate a la corrupción y abonará a la transparencia y al buen manejo de recursos públicos, pues detalló que el OPD que fue dirigido por Jorge Benito Cruz Bermúdez, José Luis Ontañon, Diego Corona Cremean y Gustavo Guzmán Fernández, todos estos con situaciones individuales y acusaciones por diferentes irregularidades.
En este sentido, denunció que por dichas irregularidades el Capcee se suma a los OPD que desaparecerán, como la Comisión Estatal de Vivienda de la Secretaría de Bienestar debido a que los recursos serán utilizados de diferente manera.
Capcee participa en construcción de inmuebles no educativos
Durante la gestión de Rafael Moreno Valle, la Secretaría de Infraestructura a través del Capcee participó en la construcción de distintos inmuebles alejados al propósito del organismo, es decir, no educativos.
En este sentido, los ex directores del Capcee desde el periodo de Rafael Moreno Valle hasta el de Guillermo Pacheco Pulido se han visto implicados en distintos procesos legales y acusaciones pues utilizaron el organismo para participar en obras como el Tren Turístico, Ciclovías, Arcos de Seguridad, algunos se ampararon contra estas acusaciones otros simplemente evitaron dar a conocer la información completa de las irregularidades.
José Luis Ontañon
El más reciente de los ex directores implicados en irregularidades del Capcee es José Luis Ontañ+on León, quien es señalado junto con Antonio Gali Fayad por anomalías en la destinación de recursos para la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.
En este sentido, el ex titular del OPD detalló a CAMBIO que en 2017 repararon mil 186 inmuebles, mientras que en 2018 fueron mil 222, negando de esta manera que hayan existido irregularidades en la reconstrucción de escuelas, además amparó ante la ley por una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ontañon León fue encargado de despacho del Capcee, cargo que asumió a principios de 2019 durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, mientras que fue retirado del puesto a principios de septiembre del mismo año, siendo el más reciente de los titulares implicados en escándalos por parte del organismo.
Gustavo Guzmán Fernández
Recientemente implicado en la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por recibir un título 'patito' por parte del IEDEP, el ex director del Organismo de la gestión galicista, Gustavo Guzmán Fernández, enfrentó en mayo de 2018 a una denuncia ante la misma instancia por el delito de extorsión.
En este sentido, la denuncia era por supuestamente recibir y solicitar 'moches' a través de un tercero que proporcionó material educativo, además de falsificar el acta entrega-recepción al asumir el cargo de encargado de despacho al comenzar la gestión de Antonio Gali Fayad.
Asimismo, se acusó a su hermano Edgar Guzmán Fernández –también investigado por recibir un título apócrifo– de ser el apoderado legal del tercer involucrado en la denuncia de Gustavo Guzmán Fernández.
Jorge Benito Cruz Bermúdez
El ex titular del Organismo durante parte de la gestión de Rafael Moreno Valle, Jorge Benito Cruz Bermúdez, estuvo implicado en la malversación de recursos aparte de permitir obras alejadas al ámbito educativo.
En este sentido, el ex funcionario 'consintió' la construcción de la ciclovía del Bulevar Hermanos Serdán y la finalización del Tren Turístico, esto con fondos del Capcee, por ello incluso fue investigado.
Cruz Bermúdez estuvo al frente del organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura estatal en la administración del Rafael Moreno Valle , tuvo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la cuenta pública de 2017 por no respetar contratos de arrendamiento de sanitarios móviles.
Además, mientras se realizaban modificaciones al Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), se coordinaron las acciones de construcción de la ciclovías Hermanos Serdán, esto con recursos del Capcee.
Diego Corona Cremean
El primer titular del Capcee durante la gestión del ex mandatario Moreno Valle, y quien fue precursor de la obra de la zona arqueológica de Cholula y los Arcos de Seguridad con recursos del Organismo Público Descentralizado, Diego Corona Cremean, también participó en procesos irregulares.
En este sentido, el ex funcionario coordinó la obra de construcción en la zona Arqueológica cholulteca, misma donde tiempo después se construiría el Tren Turístico, esto con recursos el Capcee y que al final tuvo un costo de 279 millones de pesos.
Finamente, la construcción de los Arcos de Seguridad en distintos puntos del Estado, concluye el listado de irregularidades que el Organismo tuvo y por los cuales el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha decidido extinguirlo.
En este caso el ex director Corona Cremean indicó que cada arco ubicado en Atlixco, Cuapiaxtla de Madero, Izúcar de Matamoros y en Altepexi, tendría un costo unitario de alrededor de 60 millones, mismos que financió el OPD.
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