El Sistema Operador de Agua Potable (Soapap) analiza solicitar que el ayuntamiento de San Pedro Cholula, regrese el dinero recaudado por saneamiento del agua, al no tener facultades para el cobro.
Así lo reveló en entrevista el gobernador Antonio Gali Fayad, al insistir que en Puebla el agua no se privatizará, por lo que los ediles no debieron interponer una controversia constitucional, porque no procederá.
Incluso calificó como un distractor los señalamientos de que las reformas a la ley del agua, se trate de un proyecto para privatizar el agua en Puebla.
Reiteró que no acudirá al foro que se realizará este miércoles organizado por el edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres.
“No tiene caso ir a un foro donde yo ya fije mi postura que es muy clara que el agua es de todos los poblanos y no se privatiza”, señaló el mandatario estatal,
“Todos los presidentes y gobernadores debemos de estar muy atentos para la función que fuimos elegidos, que es trabajar en nuestros municipios”, dijo.
Además hizo un llamado a los ediles, ya que es momento de estar atendiendo a la ciudadanía, de ver la problemática de estar sumados al gobierno del estado.
“Sobre todo en la apertura que hicimos desde la campaña, durante la transición de cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos, ser recibidos por las secretarias, secretarios, que proyectos hay y muchos de los que hemos iniciado, trabajando en el interior del Estado, así es como debemos trabajar”, dijo.
“Muchos presidentes ante este distractivo, me han estado hablando y les he contestado lo mismo, que no se privatiza el agua”, aseveró.
-¿Qué opina de los presidentes que presentaron controversia constitucional?
-Básicamente, no hay porque presentarla, esa es una realidad, ante un distractor o un alborotador que está mintiendo, es muy contundente que va a ser rechazado.
Indicó además que se está analizando que está haciendo un cobro indebido por el saneamiento del agua en San Pedro Cholula.
“He pedido al SOAPAP y de acuerdo a su reglamento que trabajen también directamente, pero sobre todo trabajando de manera coordinada siendo propositivos”.
“Para que cualquier presidente que tenga algo con el gobierno del estado lo podamos dirimir de manera correcta y concreta en beneficio de los ciudadanos”, añadió.
-¿Se le pedirá que regrese el recurso?
-Se está analizando el consejo del SOAPAP por la noche me estuvieron informando, les he dicho que de acuerdo a los reglamentos a lo que el consejo decida y si fue violatorio de algo que es el cobro indebido, tendrá que ser.
La semana pasada los municipios de Coronango y Juan C. Bonilla, se unieron al de San Pedro Cholula, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la ley del agua, en la que presuntamente les quitan la facultad de dar el servicio del líquido.
Fueron integrantes de los ayuntamientos de Coronango y Juan C. Bonilla, acudieron a la ciudad de México a presentar el recurso de controversia constitucional contra la reforma a la ley de transparencia.
Un día antes, la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto, fue presionada por un grupo de pobladores que estuvieron a punto de tomar la presidencia municipal en exigencia de frenar la aprobación.
El artículo reformado que ha generado controversia es el 12 en su párrafo VI que señala: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso (…) El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
La respuesta
Mientras José Juan Espinosa Torres, contestó al gobernador Tony Gali que defender el derecho de los poblanos no es alborotar, los municipios de Quecholac y Zoquitlán, interpondrán también controversia constitucional contra la reforma de la ley del agua.
Y es que el edil de San Pedro Cholula, en su postura le reiteró al mandatario que sigue en pie la invitación al foro del agua este miércoles.
“Escuche nuestros puntos de vista y también podamos escuchar lo que tenga que informar respecto a lo que a todas luces, desde nuestra posición como presidente municipal y ciudadano, es una clara intención de continuar privatizando el agua”, dijo.
Insistió en que no comparte como se pretende minimizar el reclamo ciudadano. “Donde todos piensan igual no se piensan mucho”, dijo el munícipe.
Mientras tanto, este martes, los gobiernos de Quecholac y Zoquitlán hicieron público que presentaron el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto se registró antes de que venza el plazo a raíz de la publicación de la reforma al Artículo 12 Constitucional en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 27 de enero.
El Cabildo de Quecholac admitió que sí aprobó la iniciativa para la privatización del agua, pues su redacción es confusa cuando se refiere que quitarán la facultad a los Ayuntamientos para la administración del agua.
Por su parte cinco regidores de Zoquitlán interpusieron la controversia constitucional para frenar los despojen del manejo del líquido, por lo que informaron que buscarán revocar el acta de Cabildo firmada por el presidente municipal, Fermín González León.
Ya son once ayuntamientos se sumaron al frente opositor que encabeza el gobierno de San Pedro Cholula, presidido por el alcalde José Juan Espinosa Torres, como Juan C Bonilla, Coronango, Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Gabriel Chilac, Tlatlauquitepec, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Zoquitlán y Quecholac.
El decreto fue publicado, tras la aprobación de la reforma al Artículo 12 Constitucional por parte Congreso del estado.
A partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se cuentan con 20 días hábiles para interponer las controversias constitucionales por los actos de gobierno a cargo de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En entrevista, Maurilio Galiote Mixcóatl, del Asamblea Social del Agua (ASA) y Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA), precisó que no importa el número de municipios que interpongan el proceso legal, cuando un sólo gobierno que gane la controversia, sienta las bases y precedente al resto de las localidades de la entidad.
Recordó esta la convocatoria a participar en la marcha-plantón para el próximo 7 de marzo, la cual saldrá de Paseo Bravo al Congreso local.
“La protesta será el termómetro social para que el gobierno del estado decida si quiere seguir adelante con la reforma que privatiza el agua, pues existe el riesgo de rebelión por parte de varios pueblos”, advirtió.
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