La Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- dio entrada el pasado 20 de Febrero, a la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de San Andrés Cholula, por límites territoriales contra el municipio de San Pedro Cholula.
La acción jurídica registrada en el expediente 43/2917 responde a una orden del Cabildo sanandreseño para salvaguardar los intereses de este municipio, y defender lo que le pertenece.
El secretario de Gobernación, Oscar Palacios Ramírez, puntualizó que la defensa del territorio sanandreseño va en dos vías, una a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y la segunda, directamente en el Congreso del Estado de Puebla.
"El propósito del alcalde Leoncio Paisano Arias, y del Cabildo, es no dejar a medias este asunto de carácter legal ya que estamos plenamente convencidos de que nos asiste la razón, y será la instancia máxima del Poder Judicial el que lo diga", señaló el funcionario municipal.
La controversia constitucional interpuesta tiene la finalidad de defender 300 hectáreas que le pertenecen a San Andrés Cholula.
Otros medios publicaron:
e-consulta
San Andrés Cholula, Pue.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional 43/2017 presentada por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula contra la expedición de la Ley de Ingresos de San Pedro Cholula efectuada por el Congreso del Estado y validada por el gobierno estatal al publicarla en el Periódico Oficial.
La demanda contra los poderes Legislativo y Ejecutivo, interpuesta el 7 de febrero y aceptada hace cuatro días, reclama la inclusión de una franja de territorio sanandreseño en las tablas catastrales y de valores referenciales de San Pedro Cholula, área que incluye parte de la inspectoría Lázaro Cárdenas y de la zona arqueológica, donde se encuentra el Museo Regional.
A la par del juicio constitucional, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula prepara una solicitud de definición de límites al Congreso del estado, en respuesta al reclamo de San Pedro Cholula sobre una supuesta invasión de 300 hectáreas.
En conferencia de prensa, el alcalde Leoncio Paisano Arias y el secretario de Gobernación, Óscar Palacios Ramírez, dijeron desconocer la extensión del territorio en conflicto, pues hasta hace un mes apareció anexada a San Pedro Cholula, al ser publicada el pasado 20 de diciembre de 2016 la Ley de Ingresos en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Hasta 2016, en las Leyes de Ingresos y Programas de Desarrollo Urbano de ambos municipios las líneas divisorias se mantenían sin variación, subrayaron.
El presidente municipal y el secretario de Gobernación precisaron que la demanda ante la Suprema Corte y la solicitud de definición de límites ante el Congreso son parte de la estrategia de defensa de límites territoriales ordenada por el Cabildo, después que las autoridades de San Pedro Cholula reclamaran alrededor de 300 hectáreas que presuntamente “invade” San Andrés Cholula.
Respecto a la superficie en conflicto, Leoncio Paisano Arias y Óscar Palacios Ramírez insistieron que no está definida, pero es un hecho que el ayuntamiento de San Pedro Cholula pretende cobrar impuestos en la inspectoría de Lázaro Cárdenas y en el perímetro de la zona arqueológica que recientemente fue rehabilitada por el gobierno estatal.
“Dicha área pertenece a San Andrés Cholula, cuyas autoridades, desde hace tres o cuatro administraciones han hecho actos de gobierno, actos de posesión y obras públicas”, subrayó el secretario de Gobernación, quien confió en lograr la modificación de la Ley de Ingresos, así como la Zonificación Catastral y las Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos de San Pedro Cholula.
Controversia de San Andrés, un distractor: José Juan
Por su parte, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, consideró correcto que el Ayuntamiento de San Andrés acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la duplicidad en las tablas catastrales de ambos municipios, aunque consideró que en este momento no existen condiciones de imparcialidad del Congreso del Estado por su cercanía con el PAN y las autoridades estatales emanadas del mismo partido político.
Al mismo tiempo, advirtió que esta demanda podría utilizarse como una “carta de negociación” para doblar a los que forman parte de la lucha contra la privatización del agua potable en Puebla. “Es un distractor, quieren meter presión para desviar la atención y ocultar un problema mayor que afecta a miles de familias en el estado”, sostuvo.
Señaló que el gobernador Antonio Gali Fayad no es el responsable de la estrategia, sino los dirigentes del Partido Acción Nacional en Puebla, Jesús Giles y Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador, Rafael Moreno Valle. “No descarto una guerra sucia, una campaña negra con dinero público para doblar a un conjunto de ciudadanos que están contra la privatización del agua”, señaló.
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San Andrés Cholula, Pue.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional 43/2017 presentada por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula contra la expedición de la Ley de Ingresos de San Pedro Cholula efectuada por el Congreso del Estado y validada por el gobierno estatal al publicarla en el Periódico Oficial.
La demanda contra los poderes Legislativo y Ejecutivo, interpuesta el 7 de febrero y aceptada hace cuatro días, reclama la inclusión de una franja de territorio sanandreseño en las tablas catastrales y de valores referenciales de San Pedro Cholula, área que incluye parte de la inspectoría Lázaro Cárdenas y de la zona arqueológica, donde se encuentra el Museo Regional.
A la par del juicio constitucional, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula prepara una solicitud de definición de límites al Congreso del estado, en respuesta al reclamo de San Pedro Cholula sobre una supuesta invasión de 300 hectáreas.
En conferencia de prensa, el alcalde Leoncio Paisano Arias y el secretario de Gobernación, Óscar Palacios Ramírez, dijeron desconocer la extensión del territorio en conflicto, pues hasta hace un mes apareció anexada a San Pedro Cholula, al ser publicada el pasado 20 de diciembre de 2016 la Ley de Ingresos en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Hasta 2016, en las Leyes de Ingresos y Programas de Desarrollo Urbano de ambos municipios las líneas divisorias se mantenían sin variación, subrayaron.
El presidente municipal y el secretario de Gobernación precisaron que la demanda ante la Suprema Corte y la solicitud de definición de límites ante el Congreso son parte de la estrategia de defensa de límites territoriales ordenada por el Cabildo, después que las autoridades de San Pedro Cholula reclamaran alrededor de 300 hectáreas que presuntamente “invade” San Andrés Cholula.
Respecto a la superficie en conflicto, Leoncio Paisano Arias y Óscar Palacios Ramírez insistieron que no está definida, pero es un hecho que el ayuntamiento de San Pedro Cholula pretende cobrar impuestos en la inspectoría de Lázaro Cárdenas y en el perímetro de la zona arqueológica que recientemente fue rehabilitada por el gobierno estatal.
“Dicha área pertenece a San Andrés Cholula, cuyas autoridades, desde hace tres o cuatro administraciones han hecho actos de gobierno, actos de posesión y obras públicas”, subrayó el secretario de Gobernación, quien confió en lograr la modificación de la Ley de Ingresos, así como la Zonificación Catastral y las Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos de San Pedro Cholula.
Controversia de San Andrés, un distractor: José Juan
Por su parte, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, consideró correcto que el Ayuntamiento de San Andrés acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la duplicidad en las tablas catastrales de ambos municipios, aunque consideró que en este momento no existen condiciones de imparcialidad del Congreso del Estado por su cercanía con el PAN y las autoridades estatales emanadas del mismo partido político.
Al mismo tiempo, advirtió que esta demanda podría utilizarse como una “carta de negociación” para doblar a los que forman parte de la lucha contra la privatización del agua potable en Puebla. “Es un distractor, quieren meter presión para desviar la atención y ocultar un problema mayor que afecta a miles de familias en el estado”, sostuvo.
Señaló que el gobernador Antonio Gali Fayad no es el responsable de la estrategia, sino los dirigentes del Partido Acción Nacional en Puebla, Jesús Giles y Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador, Rafael Moreno Valle. “No descarto una guerra sucia, una campaña negra con dinero público para doblar a un conjunto de ciudadanos que están contra la privatización del agua”, señaló.
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