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Llama la atención que los otros dos casos fueron resueltos de manera expedita por la Fiscalía General del Estado (FGE). Se trata de dos homicidios de agentes de la Policía Ministerial, cuyos presuntos agresores se encuentran encarcelados, mientras que en el resto de los crímenes los responsables siguen prófugos.
Los casos de los ministeriales ocurrieron en la ciudad de Puebla y los otros sucedieron en los municipios de Tlaola, Acatzingo y Felipe Ángeles.
Ni las autoridades se salvan de la delincuencia
El 1 de enero, el policía de Tlaola, Ángel Mejía García, fue encontrado asesinado en la casa del director de Seguridad Pública Municipal, Gerardo Ávalos Escamilla, quien es buscado por la FGE al ser señalado como probable responsable del homicidio.
El 15 de enero, el comandante de la Policía Ministerial, Raúl Ávila, fue asesinado por presuntos asaltantes de cuentahabientes, quienes también lesionaron a la agente Alejandra Mancilla, en calles de la colonia El Vergel de la ciudad de Puebla.
Días después, la FGE dio a conocer la detención de los probables responsables del crimen: Ricardo Toscano García, José Enrique Toscano García, Arturo Gámez Toscano, Mario Oswaldo Hernández Toscano y Neftalí Romero Bravo.
Asimismo, informó que el autor material está prófugo.
El 21 enero, un comando de seis hombres armados ejecutó a balazos a Alberto Juárez Díaz, de 32 años de edad, un elemento de la Policía Municipal de Acatzingo, asignado a la junta auxiliar de Actipan de Morelos. Antes de asesinarlo lo obligaron a ponerse de rodillas y le dijeron que “se había metido con la gente equivocada”. Este crimen continúa impune.
El 28 de febrero, la agente ministerial Arely Sánchez Domínguez, de 29 años de edad, adscrita a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), fue asesinada a balazos en las inmediaciones de un lote de autos, ubicado en el barrio de Xanenetla, en la ciudad de Puebla.
De acuerdo con la dependencia, el móvil fue el robo y por este asesinato fueron detenidos Ernesto P., Ricardo C., Juan Manuel A., Oscar V., y Sandra C., de 32 años.
El 15 de abril, Roberto Dávila Carrera, agente subalterno del Ministerio Público de Felipe Ángeles, fue encontrado ejecutado en unos terrenos de cultivo ubicados en el cerro de San José Bella Vista, junta auxiliar de Palmar de Bravo.
Un día antes, el servidor público fue levantado por un grupo armado cuando viajaba en su vehículo, en la entrada de La Purísima.
El cuerpo y la unidad presentaban impactos de arma de fuego.
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