Secretario es el responsable de la seguridad en Ceresos

Abogados de Foro Ciudadano coincidieron en responsabilizar al Secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fozado de la falta de seguridad y deficiencias en la operación del Cereso de Cholula, que habría favorecido la fuga de  11 reos, considerados de alta peligrosidad, no obstante que se había solicitado su traslado.

Debido a que el personal de los centros de reinserción social de la región es seleccionado por la dependencia estatal, según se desprende de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla dice que es responsable de la vigilancia y control de dichos lugares

Pese a los intentos de Ardelio Vargas Fosado por deslindarse de la fuga de del Cereso de San Pedro Cholula, bajo el argumento de que el penal es responsabilidad del Ayuntamiento de ese municipio, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla lo hacen responsable del nombramiento de todo el personal de los centro penitenciaros del estado, así como de la vigilancia y del control de dichos lugares, amén de la capacitación y evaluación de los custodios.

Vargas Fosado pretendió evadir su responsabilidad e involucrar la administración encabezada por Dolores Parra Jiménez, en el entendido de que es el municipio quien se hace cargo del penal distrital en los ámbitos administrativo y operativo, donde ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni el gobierno estatal tenían injerencia alguna.

El titular de la SSP dijo que de los de 22 Centros de Reinserción Social que existen en Puebla, sólo el de San Miguel, ubicado en Tepexi de Rodríguez, y el de Ciudad Serdán son manejados por el gobierno estatal; y que tres más son considerados como regionales: San Pedro Cholula, Tehuacán y Huauchinango, los cuales están a cargo de los Ayuntamientos sede; y el resto son de tipo municipal o distrital.

No obstante, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Estado de Puebla señala en su artículo 44 que en “los centros de reinserción social regionales y distritales, el personal será elegido por la Secretaría de Seguridad Pública a propuesta de los respectivos Ayuntamientos”, es decir, que quien tiene la última palabra es la dependencia estatal. El mismo artículo señala que la SSP tiene la obligación de “capacitar, evaluar y certificar” al personal. Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, establece en el artículo 48 las responsabilidades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y precisa en el numeral 16 que es responsable de “Organizar, dirigir y administrar los centros de reinserción social y los de internamiento especializado para adolescentes del estado”. El artículo 17 determina que también tendrá que “Proveer lo conducente para la vigilancia, control, tratamiento y lugar donde se ha de compurgar la sentencia de las personas internas en los centros previstos en la fracción previa, que se encuentran a disposición del Ejecutivo, así como organizar, consolidar y ejecutar las políticas y programas para su rehabilitación y reinserción social, incluyendo a los adolescentes que hayan cometido conductas tipificadas como delitos por la legislación del estado”.

Finalmente en el apartado 18 se menciona que tendrá que “Conocer y resolver las solicitudes de traslado de reos y las tendentes a la reinserción social de los internos en los Centros de Reinserción Social”, como fue el caso de los reos que se fugaron, pues desde hace ocho meses se había pedido su traslado a un penal de mayor seguridad dada su peligrosidad.

Al ser cuestionado sobre las responsabilidades a las que le obliga la ley, el titular de la SSP argumentó de que efectivamente la dependencia que encabeza tiene que revisar los perfiles del personal, pero señaló que la decisión de su contratación recae directamente “en quien paga, que es el que manda”. “A nosotros nos proponen, vemos el perfil, regresamos la propuesta a la presidencia y si ellos insisten, pues es su responsabilidad. Al final están bajo su responsabilidad esos centros. Sobre todo la parte administrativa y operativa. No me puedo meter a elegir a su director de seguridad municipal, que al final es lo mismo. Yo puedo sugerir, puedo pedir evaluarlos. Pero la evaluación para mí no me dice que sea motivo de aceptarlo o no. Quien decide es quien les paga”. Además, reconoció que aún no se ha evaluado ni certificado a los custodios que laboran en los centros regionales y distritales: “No hemos llegado a estos centros. La evaluación se hace a todo el personal, tanto operativo como de custodia”.